El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local incorpora la obligatoriedad de establecer en cada entidad local un Plan Anual de Control Financiero sobre la base de un análisis de riesgos. Su alcance deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la función interventora y “con medios propios o externos”, al menos, un control efectivo anual del ochenta por ciento del presupuesto general consolidado, que en el transcurso de tres ejercicios consecutivos deberá alcanzar su totalidad.
El artículo 29.3 A) del Real Decreto 424/2017 exige al interventor de la entidad local, entre sus múltiples variadas tareas, realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:

a) Los organismos autónomos locales.       
b) Las entidades públicas empresariales locales.
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica.
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este Reglamento.
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías.